OPLES, bajo sospecha

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Los árbitros electorales necesitan fortaleza institucional para ejercer sus funciones a plenitud, así como la debida credibilidad que legiti­me todo proceso. Del mismo modo y de acuerdo con la importancia de su fun­ción, requieren mesura en el ejercicio de los recursos, para que elegir gobernantes se ajuste a la realidad económica de la de­mocracia que defienden.

Sin embargo, hoy los árbitros electora­les, a nivel estatal, son seriamente cuestio­nados por la ciudadanía. De acuerdo con una investigación que ayer presentó El Universal, los Organismos Públicos Loca­les Electorales (OPLES) llegan a la jornada del 1 de julio próximo en medio de polé­micas, excesos y, en algunos casos, falta de legitimidad.

En todo caso, es necesario compren­der el contexto en el que se han desen­vuelto los OPLES en los últimos años. Se trata de organismos que fueron reforma­dos en 2015, cuando al naciente Instituto Nacional Electoral (INE) se le adjudicó la responsabilidad sobre aquellos, que hasta entonces eran autónomos.

Como demuestra este trabajo perio­dístico, las lógicas locales, los vicios insti­tucionales y las rutinas vigentes. En tér­minos presupuestales, a los OPLES se les destinan abundantes recursos que no son adecuadamente vigilados, sobre los cua­les prevalece la opacidad y no se rinden cuentas.

En la evidencia presentada existen casos en los que las propias autoridades electorales locales deciden sus compensa­ciones salariales, por lo que se han repor­tado claros abusos al erario. En otros mu­chos ejemplos, el ejercicio de recursos fue injustificado y sin reglas claras. No se trata de situaciones aisladas, sino de fallas de diseño legal e institucional que están mi­nando la credibilidad de los árbitros elec­torales locales a los ojos de la ciudadanía.

Un elemento más a considerar es que dentro de los OPLES hay consejeros elec­torales que han sido señalados por su cer­canía con los diferentes partidos políticos. Algunos únicamente son reconocidos simpatizantes, pero en otros casos se tra­ta de ex funcionarios partidistas y hasta de militantes. Es decir, aun con la reforma electoral de hace tres años, nada ha im­pedido a los partidos políticos mantener presencia e influencia en los órganos clave de decisiones electorales, lo que vicia de inicio cualquier proceso.

A partir de este panorama, y pasa­do el proceso electoral en curso, se ha­ce necesario replantear el papel de los OPLES de cara a la validez de los comi­cios que arbitran, a la credibilidad que ofrecen a los votantes, a la legalidad de las decisiones que toman sobre los recursos que ejercen. En la base de la democracia, en lo local, y es donde hay que poner la atención para que resulte fortalecida.