Con marcha, exigen justicia para estudiante atropellada

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ALFREDO ACEVEDO PETRIZ

SALINA CRUZ.-

Luego de la manifestación por el accidente de la alumna del Conalep, alumnos, padres de familia, represen­tantes de usuarios del transporte públi­co, serán atendidos el jueves 17 en Sali­na Cruz por funcionarios de la Sevitra y de la Secretaría General de Gobierno.

Padres de familia del Conalep, usuarios y pequeños comerciantes identificados con la Canaco, marcha­ron este viernes por la tarde desde la preparatoria César Linton hasta las oficinas de la Sevitra, para exigir se apli­que la ley en contra del urbanero que atropelló a la joven estudiante y la can­celación de la concesión del autobús urbano.

El conductor del autobús D02, Abraham Vicente, atropelló a Fernan­da Rosado Campos cuando intentaba cruzar la Avenida Tampico.

Los inconformes repudian la forma irresponsable que conducen los chofe­res de las unidades del transporte pú­blico.

Al llegar a las oficinas de la Sevitra, también exigieron la revisión de las unidades por parte de la Secretaría de Vialidad y Transporte.

Durante la marcha exigieron a las autoridades un servicio eficiente y se­guro. Ante el temor que secuestraran algunas unidades como medida de presión, los concesionarios suspendie­ron las “corridas” y resguardaron las unidades. “Hay gente con tintes políti­cos y radicales de la Sección 22 que só­lo quieren desestabilizar”, alegaron los concesionarios.

Los manifestantes fueron atendi­dos en las oficinas de la Sevitra por parte del jefe de la Oficina Operativa de Vialidad y Tránsito, Octavio Rodríguez, quien sirvió de puente para agendar la reunión con las autoridades compe­tentes.

El director del Conalep Jorge Valen­te Santos Contreras, y padres de familia estuvieron de acuerdo con la agenda, donde exigirán que los concesionarios del transporte público cumplan con la ley de Sevitra para ofrecer un servicio eficiente y seguro.

El presunto responsable del acci­dente quedó libre bajo las reservas de ley este viernes a las 20 horas.

El comandante Octavio Rodríguez explicó que el proceso del accidente es­tá en manos de la Fiscalía y la Agencia del Ministerio Público.