La amnistía, solución constitucional

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ESTA MEDIDA ES COMPLEMENTARIA DE un plan focalizado en el combate al financiamiento del crimen organizado, al tráfico de armas y las políticas de prevención y salud pública

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

La palabra que más resonó en el reciente debate presidencial fue am­nistía. En un alarde de ignorancia y mala fe, el aprendiz de fascista Ricar­do Anaya condenó esta figura sin el menor análisis; mientras el chacal de Nuevo León propuso una pacifica­ción medieval basada en mutilacio­nes, lapidaciones y penas capitales. Por ello es indispensable precisar el concepto. La amnistía no es otra cosa que la condición para transitar de un estado de guerra a uno de paz.

Tolstoi, lejos de describir la guerra como una virtuosa experiencia donde se forja la grandeza de un país, expone la monstruosa sangría que acarrea y las indescriptibles penurias que gol­pean a la sociedad. La estupidez ma­cabra de quienes desatan los cataclis­mos armados en nombre del patrio­tismo y valores marciales.

La tranquilidad pública deriva esencialmente de la cohesión social y de la búsqueda infatigable de la ver­dad. Este es el tema central para en­tender al país y resolver sus proble­mas. Estamos envueltos en el culto a la violencia de Estado que desató Calderón, quien debiera ser juzgado por su irresponsabilidad incendiaria. La torpe continuidad del peñismo produjo, en un periodo equivalente, tantos muertos como una revolución prolongada. Esa estrategia se impuso desde el exterior. Es resultado de la servidumbre que pactamos con la po­lítica de seguridad de Estados Unidos en el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida. Antes, la violencia en México se encontraba en “niveles mínimos históricos”, por lo que no había crisis de seguridad que justificara el desplie­gue de Fuerzas Armadas.

Es imperativo cancelar la estra­tegia fallida. Aplicar mecanismos de paz previstos por la

ONU en casos como el nuestro. La amnistía es un paso ineludible. En su etimología griega significa “sin memoria”, esto es, la amnesia formal­mente decretada sobre hechos que pudieran calificarse como heroicos o delictuosos. El olvido es distinto del perdón.

Éste se expresa en el indulto (in­dultus) como una gracia concedida por el jefe de Estado a un condenado por la justicia. En cambio, la amnistía es una decisión legislativa que abar­ca a un número indeterminado de personas arrastradas a la guerra por la pobreza, la falta de oportunidades o leva forzada. También comprende al personal castrense que por órdenes superiores cometió crímenes como en Tlatlaya. Es famosa la Ley de obedien­cia debida y punto final promovida por Raúl Alfonsín en Argentina al finalizar la dictadura.

Es preciso juzgar con firmeza a quienes emitieron las órdenes, no a los que las ejecutaron, como explica Han­nah Arendt. La amnistía ha sido clave para las transiciones democráticas. El caso español es paradigmático: omi­tió juzgar los crímenes del franquismo en aras de la gobernabilidad. Los pro­cesos de pacificación en El Salvador, Honduras y Guatemala no podrían ser entendidos sin los Acuerdos de Paz de Esquipulas, igual que el Acuerdo de Paz en Colombia, contemplan la participa­ción política plena de los rebeldes.

Benito Juárez decretó la amnistía a favor “de los enemigos de la República presos por traición, sedición y demás delitos políticos”, aunque fueron fusi­lados Maximiliano, Miramón y Mejía, cabezas del proyecto imperial. Madero en 1910 propuso amnistía para facilitar que el general Díaz abandonara el po­der. Cárdenas promovió una ley similar para militares o civiles que hubiesen participado en rebeliones -incluyendo a los cristeros- durante el convulso pe­ríodo postrevolucionario. Ávila Cama­cho la concedió a favor de civiles y mi­litares responsables de delitos políticos. Luis Echeverría, en 1976, la promovió para los implicados en el movimiento estudiantil de 1968 y en la Guerra Sucia.

Anteayer los partidos votaron por unanimidad una ley de amnistía para la Ciudad, aunque la abjuren en lo na­cional. La amnistía es rigurosamente constitucional. La Carta de 1857 (ar­tículo 72, fracción XXV) y la de 1917 (artículo 73, fracción XXIII) facultan al Congreso de la Unión para conce­derla. Tiene que hacerse de acuerdo a convenciones y tratados internaciona­les, respetando los derechos humanos, particularmente de las víctimas. Esta medida es complementaria de un plan focalizado en el financiamiento del cri­men organizado, el combate al tráfico de armas y las políticas de prevención y salud pública; no en la criminalización de los últimos eslabones del proceso delictivo, que son también víctimas. Es la reconciliación nacional.

Ex embajador de México ante la Unión Europea