Congreso sin dientes

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La revelación de que activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas sufrieron intentos de espionaje, presuntamente por el gobierno mexicano, deja al descubierto la incapacidad de que en el país se indague de manera objetiva ese tipo de casos. ¿Se podría hablar de imparcialidad en el momento que el Ejecutivo se investiga a sí mismo?

Ante este tipo de situaciones la división de poderes debería representar la mejor alternativa para contrarrestar los excesos de algún poder, pero en México desafortunadamente esa vía encuentra muchos obstáculos.

De acuerdo con información que ayer publicó El Universal, especialistas y legisladores advierten que el Congreso no tiene facultades de investigación, que el Poder Legislativo está diseñado para ser débil y que los acuerdos en las cúpulas someten a las Cámaras del Congreso.

Mientras en Estados Unidos un comité del Senado tiene contra las cuerdas al presidente Donald Trump, en México las comisiones legislativas tienen poca o nula efectividad cuando se trata de controlar o supervisar acciones del gobierno.

En el Congreso mexicano, de las 188 comisiones existentes (entre ordinarias, especiales, de investigación y bicamerales) la mayoría es improductiva y cara. Este diario ha documentado que, salvo casos excepcionales, a las comisiones se les asigna presupuesto para asesores y gastos de operación, sin que tengan sesiones regulares o sin que se les haya turnado alguna iniciativa o minuta.

La coyuntura actual (tanto en México como en Estados Unidos) debe servir para fortalecer el esquema de contrapesos en el país. En el país vecino el Congreso y el Poder Judicial han limitado y metido reversa a decisiones de Donald Trump. Aquí la Suprema Corte ha mostrado avances en ese sentido, pero el rezago mayor está en el Poder Legislativo, donde es frecuente ver comparecer a funcionarios gubernamentales para que rindan cuentas de sus acciones, sin una consecuencia que vaya más allá de los reclamos.

El presunto espionaje del gobierno a grupos sociales, políticos y periodistas -en lugar de intervenir comunicaciones de las bandas delictivas- debe servir para introducir en las leyes mayores facultades de investigación del Congreso. No se trata de maniatar o disminuir a su mínima expresión al Poder Ejecutivo, sino de lograr un sano contrapeso en el ejercicio del pode